En aquesta resolució IU explica:
- per que no és possible disposar de bons serveis públics amb continues rebaixes dels impostos directes
- per que baixar els impostos no és d’esquerres, contradient en Zapatero;
- o per que el context internacional no és un argument vàlid per aquestes rebaixes.
Una bona frase de resposta en Zapatero seria:
“De izquierdas es conseguir que los impuestos sean más progresivos y redistributivos”
Aquí teniu la resolució completa:
RESOLUCIÓN COMISIÓN PERMANENTE FEDERAL DE IU SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES
Aprobada por 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones (24 enero 2006)
El sistema fiscal de un país es una pieza fundamental de su modelo social, al definir quién y por qué motivos se deben realizar las aportaciones necesarias para sufragar las políticas de gasto, así como en qué cuantía los distintos actores deben contribuir.
Una reforma fiscal que se precie de progresista debe de intentar eliminar los desequilibrios existentes en nuestro sistema fiscal agravados tras las reformas practicadas por el PP, en especial en el IRPF, y promover los principios de suficiencia recaudatoria, equidad y progresividad que establece la Constitución, para que se puedan poner en marcha tanto las infraestructuras que nuestro país necesita, como la prestación de servicios básicos a la ciudadanía en temas como por ejemplo la Justicia o la mejora de nuestro sistema de protección social.
Además, y dadas por un lado, las nuevas perspectivas financieras que nuestro país tendrá en su relación con la UE y que afectará a la baja al flujo de los fondos estructurales y de cohesión, y por otro, el nuevo modelo de financiación territorial que se obtenga de las reformas estatutarias que se están discutiendo y que contienen significativos aumentos en el porcentaje de cesión de distintos impuestos que afectará a la disponibilidad de recursos del Estado para hacer frente a sus competencias, el sistema tributario que surja debe de tener en cuenta como valor básico la suficiencia en la recaudación.
Pues bien, el pasado 20 de enero, el Gobierno presentó el anteproyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial del Impuesto sobre Sociedades, que traduce en términos generales la rebaja fiscal anunciada, manteniendo una estructura fiscal similar a la de la anterior etapa del PP, al mantener la separación de fuentes de renta para la obtención de la cuota a satisfacer por el contribuyente al erario público, y amparando mensajes que no podemos aceptar, tal y como:
.- que “se puede disponer de buenos servicios públicos con continuas rebajas en los impuestos directos”.
.- o el ya manido y referente al contexto internacional, por el que “es imprescindible disminuir los impuestos sobre el capital, para que el ahorro y la inversión empresarial no se vaya a otros países”.
.- o que “bajar los impuestos es de izquierdas”.
Y esto es así, ya que, por un lado para obtener buenos servicios públicos, aparte de que se logre una mayor eficiencia en los mismos, se debe disponer de los fondos precisos para su financiación, y por otro, aunque el contexto internacional suponga una realidad determinante en muchos casos a la hora de plantar medidas con efectos sobre el ahorro y la actividad empresarial, en ningún caso puede servir como excusa para que, aunque sin prisa pero sin pausa, se recorten paulatinamente los impuestos y su progresividad.
El coste de esta reforma, en términos de recaudación, ha sido estimado en 4.000 millones de euros, la mitad como consecuencia de la reforma del IRPF y la otra mitad fruto de la implantación progresiva de las modificaciones en el Impuesto de Sociedades.
En las circunstancias actuales, es injustificable procurar una reducción en los impuestos cuando nuestra presión fiscal comparada es muy inferior al promedio de las economías más desarrolladas de nuestro entorno, cuando mantenemos serios déficits en protección social, y cuando nuestro país está a la cabeza de los países europeos en fraude fiscal, con una proporción que diversos estudios sitúan en el 23% del PIB, motivado en gran parte por la existencia de un alto porcentaje de economía sumergida. Hoy, la prioridad de Izquierda Unida es luchar activamente contra el fraude y, aunque el Gobierno presentó acertadamente un plan de prevención contra el fraude que diagnosticaba correctamente la situación, todo parece indicar que las necesidades de medios humanos y materiales son el principal impedimento para su aplicación efectiva.
Por otro lado, el contexto macroeconómico tampoco justifica una bajada de impuestos. Nuestra economía mantiene un crecimiento sostenido con los desequilibrios de todos conocidos que hace muy difícil pensar que la reforma que plantea el Gobierno pueda contribuir a mejorar el modelo de crecimiento y la competitividad, tal y como se afirma en la exposición de motivos del anteproyecto de Ley. Muy al contrario, como ya ocurrió con las rebajas fiscales del PP, esta reforma podría adquirir un carácter procíclico alimentando, por ejemplo, nuestro diferencial de inflación, al fomentar el consumo a través de un aumento de la renta disponible de los contribuyentes.
No es menos importante considerar que nuestro sistema fiscal ha acentuado su regresividad en los últimos años como consecuencia de las reformas que llevaron a cabo los gobiernos del PP, en la que se primó la recaudación vía imposición indirecta frente a la directa. En concreto, en lo que respecta al IRPF que es el tributo que puede contribuir en mayor medida a que nuestro sistema fiscal sea más justo, su recaudación representaba en 1995 el 7,9% del PIB y descendió hasta el 6,5% en 2004. Esta situación se agravará con la nueva rebaja anunciada que, según se afirma en el anteproyecto, podría ser financiada con el desarrollo de tributos medioambientales. Es una mala solución recortar un tributo directo y progresivo buscando cierta compensación con tributos ecológicos, cuya principal finalidad no puede ser recaudatoria, o con tributos indirectos que no tienen en cuenta la capacidad económica del contribuyente.
La reforma en el IRPF, en sus planteamientos actuales, tiene signos evidentes de continuidad con las que llevaron a cabo los gobiernos del PP, e incluso culmina el carácter dual del tributo rompiendo definitivamente su carácter sintético, al establecer un tipo único para los rendimientos del capital. Tampoco soluciona los problemas de equidad que provocaron las reformas del PP con las deducciones en la base del impuesto, y no fomenta la progresividad con la reducción de tipos y tramos en la tarifa.
Es verdad que la reforma disminuye la carga tributaria para las rentas del trabajo aumentando la reducción para este tipo de rentas, sobre la base de la discriminación que sufren los rendimientos del trabajo asalariado que suponen prácticamente el 80% de la base del impuesto, una proporción que no guarda relación alguna con la participación de los salarios en la Renta Nacional. Pero la verdadera discriminación se produce por la reducida aportación, en términos relativos, del resto de rendimientos: actividades económicas y profesionales, y rentas del capital.
Así, por un lado, se recorta la tarifa reduciendo el número de tramos hasta cuatro, desde el 24% y disminuyendo el marginal máximo hasta el 43%. La reducción de tramos y la ampliación en sus cuantías reduce la progresividad al permitir que contribuyentes con niveles de renta muy dispares tributen a un mismo tipo medio, y la reducción del tipo máximo solo puede entenderse como un regalo fiscal exclusivo a las rentas más elevadas. Por otro lado, se aumenta el mínimo exento de tributación configurando un tramo de la tarifa que tributa a tipo cero.
El acontecimiento más destacable, por su excesiva regresividad, es el tratamiento de las rentas del capital financiero. El debate sobre la necesidad o no de reintegrar en la base general las plusvalías se zanja con al extensión de un tipo único a todos estos rendimientos. En efecto, todas las rentas que la ley califica como procedentes del ahorro (rendimientos del capital mobiliario y plusvalías, para entendernos) se incorporan en una base única tributando al 18%, aunque el efecto que esta medida pueda tener sobre los contribuyentes dependerá de su nivel de renta y de los tipos marginales a los que tributaba.
El impuesto consolida su carácter dual: progresividad para los rendimientos ordinarios (básicamente rentas salariales) y tipo proporcional para los rendimientos del capital. Los contribuyentes de mayor capacidad económica y, por tanto, mayor capacidad para ahorrar, están de enhorabuena, porque van a experimentar una considerable desfiscalización de sus rentas al tributar los rendimientos que obtengan del capital a un tipo fijo del 18%.
Respecto a los planes de pensiones privados, se sigue incentivando de forma desproporcionada aportaciones elevadas para los contribuyentes de mayor capacidad económica, y en lo referente a la vivienda, se da continuidad al apoyo fiscal a la compra sin recoger incentivos al alquiler.
La reforma del Impuesto de Sociedades se justifica para defender la posición competitiva de nuestras empresas, olvidando los verdaderos factores que influyen en la competitividad, la productividad y la eficiencia empresarial. Por un lado, se reconoce la escasa eficacia de los estímulos fiscales a la inversión propugnando su paulatina eliminación, y por otro, se reducen los tipos de gravamen. Como resultado de todo ello, es muy probable que las rentas del capital empresarial reduzcan su aportación al sostenimiento del gasto público, acentuando aún más la regresividad de nuestro sistema fiscal.
Contrariamente a la tesis del presidente del Gobierno, bajar los impuestos no es de izquierdas. De izquierdas es conseguir que sean más progresivos y redistributivos, máxime en una fase de crecimiento económico como la actual.
La propuesta del Gobierno, de mantenerse los actuales contenidos, no es aceptable para Izquierda Unida. Desde nuestra acción social e institucional intentaremos evitar que la orientación mostrada en esta propuesta fiscal no se traslade al modelo de política social.
En el trámite parlamentario Izquierda Unida propondrá una mayor progresividad fiscal, especialmente en los tramos altos del IRPF y de las rentas del capital, con el fin de garantizar servicios públicos de calidad y atender a la financiación futura de la ley de Dependencia, de la ley de Igualdad y de nuevas medidas sociales, para que éstas no se conviertan en mera propaganda vacía de contenidos.
La propuesta del Gobierno no rebaja los incentivos fiscales a los propietarios de viviendas en alquiler, como era su intención, pero tampoco ha extendido esa ventaja a los inquilinos, como hubiera sido deseable. Izquierda Unida propondrá que se reduzca la cantidad máxima de desgravación por la compra de una vivienda y que se establezcan topes de desgravación según el precio de la misma.
Del mismo modo, IU propondrá que se establezcan condiciones finalistas a las desgravaciones a empresas, en función de su esfuerzo por ejemplo en materia de empleo, producción ecológicamente sostenible e Investigación y Desarrollo.
Izquierda Unida examinará de forma detallada la propuesta, buscando la mayor participación en la organización y conociendo la opinión de otros sectores de la sociedad (sindicatos, Universidad, etcétera). A partir de este trabajo elaborará todo un conjunto de enmiendas que promuevan una visión equitativa y progresiva de nuestro sistema fiscal, con la inequívoca voluntad de modificar los aspectos más regresivos de la propuesta del gobierno, los cuales nunca podrán contar con el voto favorable.
Madrid, 24 de enero de 2006
