La Reforma del Estatuto de Cataluña y por extensión el desarrollo federal de la Constitución se ha convertido en el nudo gordiano de la legislatura.
En este sentido la aparición en escena de un máximo cargo del ejército, no es tan solo un reflejo del pasado (el ejército como garante de una idea única de España) es además el exponente del modelo de deslegitimación, veto y desestabilización en que se ha instalado la oposición-confrontación conservadora.
Con estas maniobras, se pretende vetar los cambios y obligar a un supuesto “consenso” que garantice el continuismo económico, político, mediático e institucional y en momentos de clímax, como la actual negociación del Estatuto para abortar cualquier aproximación entre gobierno y tripartito, impidiendo cualquier solución negociada a la cuestión Catalana y Vasca.
Sólo así se puede explicar la inaceptable justificación presentada por altos cargos del PP, respaldados por el propio Mariano Rajoy, a las declaraciones del teniente general Mena, al proclamar abiertamente que este tipo de pronunciamientos políticos son “inevitables” en el contexto actual. Así la derecha política delega el papel de fuerza de choque en determinados elementos de la judicatura, de la jerarquía eclesiástica, y de las instituciones económicas, que luego articula políticamente el PP y sus medios de comunicación afines, pasando, como en este caso, de la oposición- confrontación política a la desestabilización pura y dura.
Para el PP el problema está en el carácter radical de la política del Gobierno y de sus socios y no en las reacciones antidemocráticas de estos sectores conservadores que quedarían legitimados frente a una supuesta ilegitimidad de origen, atribuida al atentado del 11 M, y de ejercicio del gobierno por parte de la izquierda.
En este sentido quedan en evidencia los guiños a la derecha y el discurso catastrofista que desde algún miembro del gobierno han pretendido articular nacionalismo españolista y orientación de progreso, con instrumentación del propio ejército.
El hipotético triunfo de esta estrategia de desestabilización lanzada por el PP no afectaría tan sólo al modelo de Estado, imponiendo una idea dogmática de España. También impondría la parálisis primero y más tarde la involución democrática, social y política, dirigida de nuevo por la derecha ultraconservadora de nuestro país.
Por ello es imprescindible, desde IU y desde el conjunto de la izquierda transformadora y alternativa, redoblar esfuerzos frente a los intentos desestabilizadores de la derecha, influyendo y exigiendo al tiempo del Gobierno los cambios comprometidos, tanto en el modelo federal de Estatuto como en los avances sociales y ambientales, así como en la regeneración de la vida democrática.
1.- En estas condiciones, es fundamental nuestro compromiso de frenar la estrategia de desestabilización de la derecha en las instituciones y en la sociedad. IU no admite tutelajes ni climas de excepción en ningún debate democrático.
2.- En el marco y en los términos de la resolución adoptada por el Consejo Político Federal, por el 73%, de apoyo y mejora del Estatuto de Cataluña, IU se compromete a buscar un acuerdo sólido y rápido que articule la identidad plurinacional y el mayor grado de autonomía con la máxima solidaridad y cooperación, especialmente en materia de financiación y caja única de la Seguridad Social. Este es el marco global de acuerdos y desacuerdos con la propuesta inicial del Estatuto y también el marco político de cohesión y unidad interna en IU.
Para ello, al tiempo que alentamos la negociación y el acuerdo entre el Gobierno y el tripartito, vamos a intensificar la negociación de IU con el PSOE y el Gobierno para fortalecer y agilizar sus contenidos federales. El éxito de esta negociación ha de servir para el correspondiente avance en el modelo federal en Andalucía, País Valencià y otras Comunidades Autónomas que han puesto en marcha la reforma de sus Estatutos.
3.- No se debe ocultar tampoco a la ciudadanía que el acuerdo sobre el Estatuto de Cataluña significaría también un camino de diálogo y acuerdo federal que ha de influir positivamente sobre la cuestión vasca. La expectativa del cese definitivo de la actividad armada debe convertirse en una realidad para hacer posible el camino la pacificación trazada en la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados.
4.- Para IU una mayor cohesión política debe venir unida a la exigencia de avances en la cohesión social que den respuesta a las expectativas de la izquierda. Por ello emplazamos al gobierno a que rectifique su posición en la reforma fiscal y en la mesa de diálogo social y apueste por una reforma laboral centrada en la calidad del empleo frente a la precariedad y la siniestralidad laboral.
En el mismo sentido instamos al gobierno a avanzar en el reforzamiento del Estado del bienestar y la participación democrática mediante medidas como la Ley de Atención a la Dependencia, la ley de Universidades, la Ley del Medicamento y la Ley de Igualdad de Género, que pretendemos aportar y mejorar en el trámite de debate social y parlamentario.
5.- En este año del 75 aniversario de la II República, el gobierno está comprometido a presentar la ley de la Memoria republicana, que garantice el reconocimiento de la verdad, justicia y reparación a los republicanos y antifranquistas.
6.- Instamos al gobierno a adoptar una posición autónoma en la política exterior apoyando, también en el marco de la Unión Europea, la nueva orientación progresista que avanza en América Latina.
7.- En este marco de propuestas y actividades, IU tendrá como prioridad el municipalismo como espacio de igualdad, de participación y de progreso social y ambiental de la ciudadanía, así como la extensión organizativa de nuestra formación política.
Por último, en relación al ejército somos conscientes de que asistimos a una posición que, aún siendo individual, pone en evidencia la importancia de acuerdos en esta materia en la izquierda y entre el conjunto de las fuerzas democráticas progresistas. Por ello, apostamos por avanzar en reformas de la formación, la carrera profesional, los derechos y libertades de los militares, que consoliden y profundicen su carácter democrático de forma irreversible.
Madrid, 9 de enero de 2005
