Para quienes defendemos la democracia, cualquier intento de tumbar la voluntad popular mediante las armas, es rechazada. Sucede, sin embargo, que a la mayoría de gobernantes del mundo (y a las clases oligárquicas que los sustentan), el cuento de la democracia les trae sin cuidado, y no tienen reparos en apoyar aquellos golpes de estado que les convienen. Hace apenas siete años, los gobiernos de Estados Unidos y de España apoyaron el golpe de estado contra el Presidente Chávez, hoy, sin embargo, condenan el secuestro del presidente hondureño Zelaya y exigen la restitución del orden constitucional. ¿Qué ha cambiado de 2002 a 2009? ¿Será el "Yes, we can" de Obama? ¿El talante de Zapatero?
O ni una cosa ni la otra, pues lo que ha cambiado verdaderamente es el mapa político de Latinoamérica. Cuando se planeó el golpe de Estado en Venezuela, Cuba era el único aliado estable del gobierno bolivariano. Y por mucho afecto que tengamos a la mayor de las islas del Caribe, la oposición de Cuba al gobierno golpista no habría alterado demasiado la agenda en Miraflores. La situación en 2009 es diametralmente distinta. ¿Qué perspectivas de prosperidad puede tener un país de siete millones de habitantes cuyo gobierno no sea reconocido por la mayoría de gobiernos de Latinoamérica? Cuyo petróleo depende de Venezuela? Cuyos servicios de asistencia sanitaria dependen de la solidaridad de los médicos cubanos? Ningún gobierno en el mundo, por más de derechas que sea, apoyaría un golpe de estado condenado al fracaso.
¿Y entonces porqué la oligarquía hondureña se obstina en realizarlo? La respuesta la tenemos quizás en las declaraciones realizadas por Rafael Correa, presidente de Ecuador, quien ha insistido en la restitución del presidente Zelaya sin condiciones. El verdadero objetivo de la oligarquía no es cambiar su presidente sinó evitar el inicio de una reforma constitucional que podría llevar a una irreversible pérdida de su influencia sobre la partidocracia hondureña. La desesperación de esta oligarquía es tal, que para lograr su objetivo no tiene reparos en situar el país centroamericano al borde de una guerra civil. Si Zelaya fuera restituido en su cargo con el compromiso de no iniciar la reforma constitucional, los golpistas podrían darse por satisfechos.
En definitiva, el golpe de estado en Honduras, más allá del dolor e indignación que nos produce, evidencia las transformaciones que se vienen produciendo en Latinoamérica estos últimos años. Esperemos que se imponga el sentido común y que el pueblo hondureño pueda reformar su constitución para cerrar la partidocracia y abrir el camino hacia una democracia participativa y protagónica. Y esperemos también que las fuerzas armadas hondureñas tengan la responsabilidad de no abocar el país a una tragedia. Y, por si las moscas, movilicémonos para que así sea.
Antoni-Italo Moragas Sánchez, responsable de relaciones internacionales de la CJC-Joventut Comunista de Catalunya
