Por Roso Grimau
Julián Grimau García: político español, nacido en Madrid el 11 de febrero de 1911 y fusilado en la misma ciudad el 20 de abril de 1963, procedente de una familia burguesa de Segovia de 8 hermanos, Licenciado en Derecho, se dedicó al negocio editorial llegando a ocupar cargos de Director Gerente.
En su juventud militó en Izquierda Republicana, luego perteneció al Partido Republicano Federal que lo propuso para ingresar a los servicios de Seguridad del Estado. Pasó la guerra civil en Barcelona, donde se dedicaba a labores policiales entre 1936 y 1939 siendo inspector de la Brigada de Investigación Criminal (su padre, Enrique Grimau, había sido inspector de policía). Al estallar la guerra civil, ingresó en el Partido Comunista de España (PCE). Al ser derrotada la República, después de pasar a Francia se exilió en Latinoamérica, llega a Santo Domingo donde permanecieron pocos meses, de allí va a vivir a Cuba donde muere su padre, estuvo en Centroamérica y en los Estados Unidos, estableciéndose posteriormente en Francia. Fue uno de los principales dirigentes del PCE durante la época franquista. En 1954, durante el congreso del partido celebrado en Praga, fue elegido miembro de su comité central, siendo Secretario General. A partir de 1959 se haría cargo de la dirección del partido "en el interior", es decir, en España, donde tuvo que residir clandestinamente a lo largo de varios periodos. Fue arrestado, condenado a muerte en un consejo de guerra y fusilado pese a una amplia campaña internacional de protestas.
Su actividad le hizo ser una de las personas más buscadas por la policía española. Por eso, muchos investigadores se preguntan por las razones de su misión en Madrid en 1962, que le conduciría a la muerte, cuando en palabras de sus compañeros de partido estaba excesivamente “quemado” (es decir, que la policía le seguía la pista de cerca y era probable su detención). Es un episodio que nunca ha sido aclarado. Algunos ex-miembros de la directiva del PCE (el escritor Jorge Semprún entre ellos) han sugerido que el secretario general, Santiago Carrillo, quiso apartarle del aparato de dirección en Francia provocando su detención en España.
El proceso de Grimau: Grimau fue detenido en noviembre de 1962. La detención se produjo en un autobús en el que viajaban únicamente él y otros dos pasajeros, que resultaron ser agentes de la Brigada Político-Social (policía política). Obviamente, había sido delatado, ya que se dirijeron a él por su nombre y apellido verdaderos, cuando siempre utilizaba documentos falsos para sus habituales entradas a España en desarrollo de sus actividades políticas contra la dictadura franquista. Fue conducido a la Dirección General de Seguridad, situada en la madrileña Puerta del Sol, en el edificio conocido como Casa del Reloj, siendo hoy sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. Allí, según la versión oficial difundida por el gobierno franquista, cayó por la ventana desde un segundo piso a un callejón, lo que le ocasionó graves lesiones en el cráneo y en ambas muñecas. Grimau explicó posteriormente este hecho a su abogado declarando que en un momento dado de la sesión de tortura a la que fue sometido por sus interrogadores, le agarraron y le arrojaron por la ventana, esposado con las manos delante, razón por la cual se fracturó la frente y las muñecas. La policía política, por boca del ministro de Información Manuel Fraga Iribarne, declaró por el contrario que Grimau recibió un trato exquisito y que en un momento de su interrogatorio se encaramó a una silla, abrió la ventana y se arrojó por ella de forma "inexplicable" y por voluntad propia. Poco probable ya que se solía esposar al reo a la propia silla. Frente a todas las previsiones, Grimau no fue acusado por su militancia clandestina (lo que le habría valido una condena a prisión) sino por su actividad durante la guerra civil. Fue la última persona procesada y condenada en España como consecuencia de la guerra. La razón de ello es que, probablemente, el régimen quiso dar una lección a la oposición en un momento en el que existía una ola de alta conflictividad social y política. Grimau fue acusado por su trabajo como policía durante la guerra civil. Esa actividad, como todas las ejercidas por miembros de la administración republicana durante la guerra, era calificada de delito de rebelión militar. Aunque el delito se consiguiese probar, técnicamente había prescrito tras los 25 años transcurridos. El tribunal debía probar entonces que se trataba de un delito continuado. En concreto, a Grimau se le imputaban torturas y asesinatos en una checa (centro de detención político) de Barcelona. Dicha imputación, aunque no fue demostrada en el juicio, se le ha hecho también desde sectores anarquistas, que le acusan de haber sido un prominente miembro del Servicio de Información Militar (SIM) y de haber dirigido la represión contra los trotskistas acusados del asesinato del agente del SIM Leon Narwicz en 1938. No parece sin embargo que existan pruebas documentales de ello. Además, estas fuentes sitúan la actividad de Grimau en Madrid, y no en Barcelona donde realmente desempeñó funciones policiales en investigación criminal.
Grimau fue procesado por un tribunal militar. No existían casi en España militares con formación jurídica, por lo que bastaba con que fuera abogado el ponente o fiscal, encargado de asesorar a los presidentes del tribunal. En el caso del juicio a Grimau, ejerció de fiscal un habitual de los juicios políticos, Manuel Fernández Martín, que en realidad nunca había estudiado Derecho y desempeñaba el cargo, como muchas otras personas en la época, gracias a que podía declarar que sus títulos "se habían quemado durante la guerra" (tras décadas de ejercicio durante el cual sentenció a fusilamiento a unos mil republicanos, fue desenmascarado en el año de 1964, y condenado a prisión declarándose inválidas todas sus actuaciones, sin embargo aun hoy el gobierno español no ha rehabilitado en ninguna forma la imagen de Julián Grimau, quien debería ser considerado un héroe de la República Española). El defensor era la única persona con formación jurídica de la sala: el teniente abogado Alejandro Rebollo (que sería diputado años después), a quien la defensa de Grimau le costaría el puesto.
El juicio se celebró en los juzgados militares de Madrid el jueves 18 de abril de 1963, con la sala atestada de periodistas. Para Rebollo, el juicio era nulo de pleno derecho (de acuerdo incluso con las leyes políticas de la época y aun sin saber que el ponente era un impostor). Los delitos de torturas no fueron probados: los testigos de la acusación declararon que conocían los crímenes del acusado "de oídas", es decir a través de rumores o testimonios de terceros que no podían comprobarse. Sólo estaba probado que, efectivamente, fue policía. El delito continuado de rebelión era improbable dado que Grimau había pasado más de 20 años fuera de España tras el fin de la guerra y no existían indicios de su presencia clandestina en el país durante ese tiempo. El fiscal cortó en numerosas ocasiones las declaraciones del acusado y del propio abogado defensor, cuyos alegatos no fueron tenidos en cuenta. Tras apenas cinco horas de juicio, sin deliberación, se dictó como estaba prevista la condena a muerte.
En realidad, el juicio por "rebelión militar", en el que se aplicaba la Ley de Responsabilidades Políticas de 1938, hacía previsible la sentencia. Este tipo de juicios sumarísimos en aplicación de una ley creada específicamente para aniquilar a los republicanos no se producía desde los años inmediatamente posteriores a la guerra. En su periodo de apogeo, acababan invariablemente con una sentencia de muerte, tanto que a menudo los bedeles del tribunal se permitían hacer sin reparos una broma macabra que se hizo famosa: "que pase la viuda del acusado". El fiscal Fernández Martín actuaba con frecuencia en estos juicios y su afición a la pena de muerte era también famosa.
Por otro lado, el Consejo de Ministros del 1 de abril de aquel año 1963 había aprobado la creación del Tribunal de Orden Público, que pretendía dar carpetazo definitivamente a la legislación represiva aprobada en el marco de la guerra civil. A Grimau le habría correspondido ser juzgado por este tribunal, que no habría dictado pena de muerte sino de prisión. Por ello, para asegurarse de que Grimau sería ejecutado, Franco dispuso que la entrada en vigor de la ley se retrasara hasta después del fusilamiento.
La presión internacional: Precisamente por lo inusitado del procedimiento, eco de una guerra que por otro lado el franquismo parecía querer enterrar (comenzaban a prepararse los actos de los "veinticinco años de paz"), y porque se esperaba lo peor, desde el anuncio de los cargos contra Grimau se desató una reacción internacional de protesta y presión sin precedentes en ningún aspecto relacionado con España. La prensa internacional volcó su atención sobre el caso Grimau y hubo manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas y latinoamericanas. En algunos puertos, los estibadores se negaban a descargar los barcos españoles, y más de 800.000 telegramas llegaron a Madrid pidiendo la paralización de lo que consideraban un juicio farsa. La presión no pareció afectar al Dictador, que en su línea habitual la atribuyó a una "conspiración masónico-izquierdista con la clase política". Manuel Fraga, en su calidad de ministro de Información y Turismo, inició una intensa campaña dirigida a la prensa internacional atribuyendo a Grimau los mayores crímenes.
Tras la lectura de la sentencia, sólo cabía la posibilidad de que Franco conmutara la pena por otra de prisión. Todos los jefes de Estado del mundo se pusieron en comunicación con él para hacerle esta petición, entre ellos el papa Juan XXIII y el líder soviético Nikita Kruschev, lo que tampoco tenía precedentes: era la primera vez que un dirigente soviético se dirigía oficialmente al régimen franquista. Dentro de España, algunas personalidades cercanas al régimen pidieron también clemencia. El Consejo de Ministros, formado por 17 personas, se reunió el 19 de abril. Duró diez horas, aunque al parecer sólo Fernando Castiella, titular de Exteriores, manifestó su oposición a la ejecución de la sentencia, alarmado por la presión internacional y las consecuencias que podía tener en la política exterior española. Su oposición fue sin embargo más bien tímida, ya que el Dictador Francisco Franco finalmente exigió una votación y la decisión de firmar la sentencia se tomó por unanimidad.
Muerte de Grimau: Julián Grimau, pasaba en el cuartel militar del barrio de Campamento sus horas de capilla, es decir, las previas a la ejecución de la pena, en compañía de su abogado, de acuerdo con las ordenanzas militares. Hacia las 5 de la madrugada del 20 de abril, fue trasladado en una furgoneta al campo de tiro del cuartel, donde debía ejecutarse el fusilamiento, negándose a que le vendaran los ojos. En principio, correspondía a la Guardia Civil formar el pelotón, pero sus mandos se negaron a hacerlo. El capitán general de Madrid rehusó también que el pelotón fuera integrado por militares de carrera, que era la segunda opción. Parece ser que fue el propio Dictador Franco quien dio la orden de que los ejecutores de Grimau fueran soldados de reemplazo, y así se hizo. Jóvenes, asustados y sin experiencia de tiro, según los testigos, dispararon a Grimau 27 balas sin lograr acabar con su vida. Fue el teniente que mandaba el pelotón quien hubo de rematar a Grimau de dos tiros en la cabeza. Según confesó más tarde a la familia del fallecido, este acto le persiguió durante toda su vida, hasta el punto de que acabó sus días en un psiquiátrico. Julián Grimau fue enterrado en el cementerio civil de Madrid.
Rehabilitación de Grimau: Con la democracia, a partir de 1975, teóricamente se daría posibilidad para revisar el caso Grimau y el de otras víctimas de la dictadura. Sin embargo, los acuerdos conocidos como Pactos de la Moncloa supusieron de facto una Ley de Punto Final y del silencio, de la que el PCE fue paradójicamente (porque era quien más había sufrido la represión) el mayor valedor. En términos generales, se procuraba olvidar los aspectos más oscuros del régimen anterior y enterrar definitivamente la memoria de la República y la guerra. En los años 80, según testimonios de militantes del PCE y de familiares de Grimau, el Ayuntamiento de Madrid, a la sazón dirigido por Enrique Tierno Galván, del Partido Socialista Obrero Español, propuso extraoficialmente rebautizar la avenida del Mediterráneo como avenida de Julián Grimau (existen calles y edificios públicos con el nombre de Grimau en numerosas ciudades fuera de España). El PCE se negó, mostrando así su voluntad de enterrar el asunto.
Desde mediados de los años 90, sin embargo, la consolidación de la democracia y el tiempo transcurrido desde la guerra, además del fallecimiento de la mayoría de sus actores (lo que hacía menos conflictiva cualquier referencia a la misma), venía propiciando que se empezara a reivindicar en el ámbito parlamentario la memoria y reparación de los represaliados. Buena parte de estas iniciativas procedían y proceden de Izquierda Unida, coalición que integra a un PCE ya sin su antigua dirección -bajo el mando de Carrillo- y con las bases que la apoyaban muy mermadas. El 15 de abril de 2002 Izquierda Unida presentó una Proposición de Ley sobre la rehabilitación pública y democrática de la figura de Julián Grimau, que recibió los votos a favor de todos los partidos con representación parlamentaria excepto el Partido Popular (PP), quien gobernaba con mayoría absoluta. El PP tenía una razón doble para oponerse y así lo expresó: por principio, es contrario a toda iniciativa política acerca de la guerra y sus consecuencias o el franquismo. En segundo lugar, preveía que el debate sobre Grimau tenía muchas posibilidades de convertirse en un juicio público al ministro que defendió en todos los medios de comunicación su fusilamiento, Manuel Fraga, fundador del Partido Popular y entonces presidente de la comunidad autónoma de Galicia. En mayo de 2005 Izquierda Unida presentó una iniciativa similar en la Asamblea de Madrid (parlamento de la comunidad autónoma), para que dicha asamblea inste al gobierno a rehabilitar la figura de Julián Grimau.
Roso Grimau
